Gobierno verifica abastecimiento y precios de productos en empresa distribuidora de granos básicos
El esfuerzo sin precedentes del Gobierno del Presidente Nayib Bukele por cuidar la economía de los salvadoreños y evitar cualquier afectación, ante el impacto de la crisis inflacionaria mundial, sigue desarrollándose de manera articulada.
La Defensoría del Consumidor continúa inspeccionando empresas importadoras y comercializadoras de productos de la canasta básica salvadoreña. El titular de dicha institución, Ricardo Salazar, llegó hoy a la empresa Global Alimentos, ubicada en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, para verificar abastecimiento y precios.
Garantizar la estabilidad de precios de los insumos básicos es parte de las 11 medidas contempladas en el plan contingencial para aliviar los efectos de la crisis económica internacional. En esta acción, la Defensoría del Consumidor juega un rol fundamental para velar porque los beneficios sean trasladados a los salvadoreños y sancionar los incumplimientos y prácticas abusivas.
“Estamos dando cumplimiento a las medidas de alivio económico para garantizar la estabilidad de los productos de primera necesidad. Esto es muy importante para el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, poder realizar este tipo de verificaciones, a escala nacional, para evitar cualquier tipo de especulación y de incremento injustificado de precios”, declaró.
Durante su visita a la planta de almacenaje y distribución de granos básicos, Salazar constató los diversos procesos para el empacado y fabricación de productos, entre ellos, arroz, diferentes variedades de frijol, harinas de trigo y de maíz. En el procedimiento, se pudo constatar que existe suficiente abastecimiento de productos, aseguró.
La Defensoría del Consumidor recuerda a la población que puede hacer sus denuncias sobre incrementos abruptos de precios en la canasta básica, a través del centro de llamadas 910 y por el WhatsApp 7844-1482. “Nuestra Ley de Protección al Consumidor sanciona como práctica abusiva el incremento injustificado de precios, la multa puede ser de hasta 500 salarios mínimos”, enfatizó.
