Gobierno prioriza modernizar los servicios del Ministerio de Trabajo para tutelar los derechos laborales
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele reafirma el compromiso de vigilar y tutelar los derechos de los trabajadores con el proyecto de Presupuesto General del Estado 2022 presentado ante la Asamblea Legislativa. Se trata de un derecho que nunca fue una prioridad para las administraciones anteriores.
Para explicar la proyección de presupuesto del próximo año, una delegación del Ministerio de Trabajo asistió este lunes a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, compuesta por el ministro Rolando Castro; el director ejecutivo, Marvin Juárez, y el asesor económico Adonay de Paz.
Cuando el Gobierno del Presidente Bukele asumió, se encontró un Ministerio de Trabajo en total abandono, con un presupuesto deficiente y sin un marco legal que garantice la tutela de los derechos labores, como lo ordena la legislación salvadoreña y los convenios internacionales.
“Los presupuestos de los Ministerios de Trabajo definen las políticas de Estado en el marco de la prioridad de los trabajadores. La marca de presentación de un Estado se define mucho por la prioridad que asigna a los trabajadores y a los sectores productivos”, expuso el ministro Rolando Castro.
Con el presupuesto del próximo año, se prevé fortalecer el Plan Estratégico 2020-2024, puesto en marcha por la institución con perspectivas para mejorar los servicios a los usuarios, modernizar la institución, fortalecer la gobernanza y mejorar las competencias del personal.
Entre los proyectos que continuará potenciando el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, están los programas de Migración Laboral y Oportunidades. De esta manera, se amplían las opciones laborales para los salvadoreños tanto en el interior del país como en el extranjero.
Todos estos programas tienen el objetivo de convertir a la institución en un dinamizador del mercado laboral y aportar al desarrollo social del país, para dejar en el pasado la inoperancia de las administraciones anteriores en materia de tutela de los derechos de los trabajadores.
