La defensa del caso Gumarsal señala a los medios digitales El Faro y Factum de fabricar el caso para favorecer a “Fito” Salume

El caso de la empresa Gumarsal que señala supuesto lavado de dinero, se hizo mediático por el sitio digital El Faro, en mayo de 2011, usando supuestas fuentes policiales y de inteligencia para armar una larga lista de notas periodísticas cuyo argumento central fue el llamado Cartel de Texis.


Posteriormente en el 2014, el tema es retomado con fuerza por la revista Factum, fundada por Héctor Silva Ávalos, con el financiamiento del empresario Adolfo Salume, “casualmente”, competidor en el mercado de las harinas de Gumarsal, denuncia la defensa.


En la trama está al centro Silva Ávalos, experiodista y exdiplomático, quien recientemente fue separado de Factum porque sus antiguos compañeros comprobaron, año y medio después de supuestamente una investigación interna, que su fundador les había ocultado su relación con “Fito” Salume y que recibió sobresueldos cuando tenía el cargo de jefe de misión adjunto en la Embajada de El Salvador en Estados Unidos (2009-2012) y asesoraba comunicacionalmente al entonces presidente Mauricio Funes.


Héctor Silva escribió muchos artículos en Factum en contra de Juan Umaña Samayoa, Wilfredo Guerra Umaña, Romelia Guerra Argueta, Miriam Haydee Salazar de Umaña y Tránsito Ruth Mira Guerra, accionistas de Agroindustrias Gumarsal, relacionándolos con el Cartel de Texis.


“El motivo por el cual la Fiscalía General de la República inició el proceso penal y el de extinción de dominio en contra de Agroindustrias Gumarsal y sus accionistas fue la existencia de intereses subyacentes que movieron el aparato estatal de la administración de justicia para promover una serie de procesos judiciales, en contra de los accionistas, administradores y representantes legales de las empresas del grupo Gumarsal”, dice un documento preparado por la defensa.


Señala el escrito que por medio de esa maniobra se logró “lo que se conoce como ´instrumentalización de la justicia´, colocándola al servicio de los intereses económicos privados de un grupo empresarial dirigido por Adolfo Salume Artiñano, quien posee contactos y relaciones políticas, económicas y de amistad con prominentes figuras políticas, económicas y de amistad con prominentes figuras públicas nacionales y extranjeras”.


La defensa agrego que el propósito de Salume era doble, según el argumento legal: primero, sacar del mercado de las harinas a su mayor competidor nacional y recuperar su posición dominante; y, segundo, castigar en el camino a las empresas del grupo Gumarsal.


Para ello, afirman los defensores, uso a Factum y a su otro medio digital www.diario1.com para “manchar el nombre de los señores Wilfredo Guerra Umaña y Juan Samayoa, así como de las empresas del grupo Gumarsal, vinculándolas mediáticamente con dicho cartel”.


Antes de que Salume lograra que la Fiscalía judicializara el caso, el entonces representante legal de Gumarsal, Wilfredo Guerra Umaña, denunció en julio de 2016 que las constantes acusaciones de Salume, a través de su empresa Molinos de El Salvador (MOLSA), estaban causando perjuicio económico, porque los bancos les estaban negando acceso a productos y servicios financieros.


Silva Ávalos fue demandado por difamación por Enrique Rais, por publicaciones en Factum y en el sitio Insight Crime que vinculaban a uno de sus aviones con rastros de cocaína en Estados Unidos, un caso que la defensa de Rais asegura fue desestimado y que se trató de una denuncia anónima.


El experiodista fue defendido en ese proceso por el abogado catalán-salvadoreño Arnau Baulenas, quien funge como coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). Fue absuelto en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, algo que fuentes con conocimiento del caso se atribuye a los contactos en el aparato judicial de Salume.


Baulenas, a su vez, ha aparecido como defensor de Carlos Martínez, un editor de El Faro señalado por acoso sexual e intento de violación en una compañera de trabajo en una casa en el lago de Coatepeque. Sobre ese caso hay un expediente abierto por la Fiscalía General de la República.


Este abogado también apareció la semana pasada como parte de la defensa de Regina Cañas, conocida como “Tía Bubu”, exesposa del prófugo ex mandatario Mauricio Funes, quien este martes fue condenada a tres años de prisión al haberse sometido a un proceso abreviado por lavado de dinero.

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